Por: Jesús Cariglino
En los tiempos que corren ser opositor al presidente venezolano Nicolás Maduro tiene como consecuencia prácticamente inevitable ser objeto de alguna denuncia de corrupción o directamente ir la cárcel. Lo vivieron en carne propia, a fines de diciembre pasado, cuatro ex alcaldes quienes pagaron con cárcel por haber desertado del chavismo. El caso más conocido fue el de Numa Rojas, quien en su momento se presentó como candidato en el estado de Maturín. Hace pocos días la cadena Telesur puso al aire una nota denunciando “a los alcaldes de derecha que permiten la violencia en Venezuela”. Cinco mandatarios del interior del país caribeño aparecían en la nota. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a esos alcaldes el retiro de las barricadas.
En ese contexto, la ministra para la comunicación Delcy Rodriguez señaló que los alcaldes “cómplices de los guarimberos (en alusión a manifestantes violentos) están incurriendo en desacato judicial”, al no atender el recurso presentado, acto seguido el presidente Nicolás Maduro se refirió al caso y advirtió que aquellos alcaldes que no acaten la sentencia tendrán que asumir “graves consecuencias”. La respuesta de los alcaldes acusados no se hizo esperar y respondieron que “la protesta pacífica es un derecho constitucional” y que ni las autoridades nacionales, estatales o municipales tienen competencia para prohibirlas”. En ese sentido, han destacado que a pesar “de la presión que hay desde el Gobierno para que actuemos, no vamos a atentar en contra de los Derechos Humanos de los que manifiestan de ese modo”.
Lo cierto es que ya nadie puede esconder que en Venezuela se está atentando contra la libertad y los derechos más elementales del hombre. Se reprimen las protestas estudiantiles con balas, lo que ha ocasionado un sinfín de muertes. El arresto del dirigente opositor Leopoldo López también expone esta realidad que se describe trayendo a la memoria las más desgraciadas horas vividas en nuestro país, donde los presos políticos eran moneda corriente y la persecución de opositores al régimen también lo era. Sorprende que el Gobierno Nacional tenga tan mala memoria de épocas no tan remotas y se apoye, casi incondicionalmente, al presidente Maduro a quien no le tiembla la voz a la hora de mandar a reprimir a la juventud venezolana preocupada y pacífica, violando así, los Derechos Humanos más elementales.
Mientras todo esto sucede, ¿qué hacemos los alcaldes latinoamericanos? Con vergüenza debo decir que la respuesta es nada, o en el mejor de los casos, muy poco. Como venimos señalando desde el Frente Renovador desde hace ya bastante tiempo, los alcaldes somos la primera línea de fuego; somos quienes tenemos el contacto más directo con el vecino y el Estado, somos quienes atendemos el reclamo de manera directa. El municipio es la primera comunidad , el “pueblo chico”, y por lo general nos conocemos todos y muy bien. Dicho esto ¿cómo nos van a pedir a nosotros que ejerzamos la represión por sobre nuestros vecinos? Y que, de esta forma, les quitemos la posibilidad y el derecho de manifestarse pacíficamente. Y lo que es peor aún, ¿cómo desde el Estado se puede amenazar a los alcaldes con sufrir “graves consecuencias si no aceptan ser cómplices de tamaña brutalidad?
Los alcaldes latinoamericanos, especialmente los argentinos, debemos aplaudir la actitud de muchos de nuestros colegas venezolanos que se han puesto del lado de la gente a pesar de las amenazas del gobierno que comanda Nicolás Maduro y se han negado a coartar el derecho de sus vecinos. Por otro lado, debemos acompañar y apoyar a esos valientes intendentes mostrando a la comunidad internacional que no están solos frente de un gobierno que ya ha dado sobradas muestras que no tiene respeto alguno por la vida humana y mucho menos por los Derechos Humanos. Desde aquí vaya mi respeto y solidaridad para esos honestos alcaldes venezolanos que han puesto el derecho de sus vecinos por delante de su propia vida.
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